Diputados es hora del pueblo en Asamblea, por Armando Martini Pietri

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A los diputados de la Asamblea Nacional por quienes voté en diciembre de 2015, demando que me representen y consideren en la sesión ordinaria de este jueves 25 de mayo temas de importancia para la nación. Exijo que no piensen en sus propias imágenes, sino en la de ese pueblo que se les está yendo de las manos, al cual pueden convocar, pero no controlar. El poder de los parlamentarios es el capital que su dueño, el pueblo, les confió para administrarlo, desafortunadamente lo realizan con limitaciones y falta de percepción que a estas alturas, son pecados mortales.

Llegó la hora de la verdad. Elegimos un Poder Legislativo. Pero el Poder Ejecutivo autoritario ordenó al Poder Judicial integrado por jueces sin orgullo de su propia dignidad ni de su responsabilidad con la Constitución, y bloquearon nuestra elección. Arbitrariamente la anularon. Fuimos traicionados, dejados de lado. ¡Es momento del pueblo en Asamblea!

Para evitar malos entendidos en lo que se plantea, la campaña de tomar las calles es de importancia significativa. Debe continuar con más impulso y energía en todo el país cada día más, algo importante se está mostrando: no es sólo la oposición organizada reclamando, son los vecinos levantando banderas de rebelión contra la tiranía. En cada reunión, en cada sesión como diputados, deben tenerlo muy en cuenta. Porque ellos y sus partidos no son nada sin el pueblo, ese que a diario sale a tomar las calles. Son suyas, no del Gobierno ni de los diputados.

¿Dónde está el Oeste, por qué no se expresa salvo El Paraíso de clase media? ¿Qué pasa con el 23 de Enero, Caricuao, Catia, el Cementerio, Sarría? Están despertando con cautela, allí los colectivos irregulares deben considerarse con cuidado por seguridad y peligrosidad. No son sólo empleados nefastos de un oficialismo cruel que aparecen en manadas, son una realidad vecina puerta a puerta, todos los días y noches.

Los líderes acompañan hombro a hombro a los ciudadanos. Pero la Asamblea Nacional no es la calle, es el poder confiado por el pueblo, y esa responsabilidad es mucho más que marchar -sin irrespetar el comprobado coraje.

La Asamblea Nacional como cuerpo electo por todos los ciudadanos que están arriesgando la vida en el asfalto, pero también por los que están en sus casas, trabajos, hospitales, en sus angustias y esperanzas. Confían en el Parlamento que prometió democracia, libertad, renovación, unidad. Son varios los líderes, que ponen cara y pecho, muchos aquellos por los cuales se lucha. Así lo hicieron los libertadores, también los fundadores y consolidadores de nuestra democracia. Por eso fueron y siguen siendo líderes, próceres.

El Poder Legislativo debe considerar que los sancionados magistrados lo enfrentarán con más ahínco, le recordarán su desacato y el oficialismo los acusarán de lo que se les ocurra. Pero los votos que cada parlamentario recibió no pueden ser inhabilitados, ni desacatados por los diputados electos, sólo por cada ciudadano registrado y en nuevas elecciones. Eso es el Poder Legislativo, su fuerza y firme autoridad nacional e internacional, el que frena ambiciones anticonstitucionales del Ejecutivo, mandato que no viene de sus partidos, sino del pueblo mismo donde está el poder originario.

Es vital para la República -aunque el régimen lo desconozca- considerar una moción de urgencia para reiterar de manera formal que Venezuela no tiene Presidente, pues se decretó en enero de este mismo año su falta absoluta por abandono de sus deberes constitucionales. Es hora de que la Asamblea Nacional demuestre que no habla por hablar, sino que, con la Constitución en la mano, actúa con derecho y en defensa de los intereses de sus representados. ¡Porque es el verdadero poder popular!

Previa consulta con los factores nacionales, nombrar una Comisión Negociadora de respetables y respetados, venezolanos de prestigio, para que definan con el régimen -aunque legitimo de origen, ilegitimo en el desempeño- los términos de una transición. Con concesiones razonables, pero sin impunidad, ceder principios ni exigencias. Es cuestión de estadistas.

Designar Comisiones acreditadas por el Parlamento para acudir a los organismos económicos y políticos nacionales e internacionales para demandar, con el pueblo siempre presente en la mente, las medidas que bloqueen las acciones de un gobierno usurpador y sin autoridad. Se ha venido haciendo a título personal, sin embargo, es momento de establecer la formalidad constitucional para los representantes del Poder Popular. No el de la propaganda oficial.

La Comisión de Defensa y Seguridad deberá dirigirse -todos en uno- al despacho del Ministro de la Defensa, y participarle a la Fuerza Armada las serias implicaciones de obedecer a un régimen deslegitimado, y las consecuencias inevitables de la complicidad criminal de lesa humanidad. Si el Ministro no los recibe, se ata su propia soga al cuello ante el país y el mundo. Una reseña de los asambleístas frenados a las puertas del despacho, es políticamente devastadora para la dirigencia militar del país.

La Comisión de Política Interior debe trasladarse con refrendación oficial, al Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia, a fin de notificar sus decisiones, exigir su cumplimiento y revalidar su carácter legítimo de representación ciudadana, reclamar órdenes de libertad para todos los presos políticos, y el regreso de los exiliados, con las garantías debidas. Que ellos lo hagan o no, es problema de ellos, la Asamblea Nacional cumplirá su deber con quienes la eligieron.

Convocar a insignes mujeres y hombres, expertos en diferentes áreas y especialidades, a fin de concebir y diseñar un nuevo país democrático, de futuro y oportunidades, que a la brevedad sea sometido al veredicto popular en votación universal y secreta, una Constituyente creíble y legal, anunciarle al país un cronograma concreto de acciones que culminen en elecciones generales en tiempo perentorio.

Decretar Estado de Emergencia y establecer la apertura inmediata del canal humanitario para medicinas y alimentos; la necesidad es evidente lo reconozca o no el régimen.

Los diputados tienen potestad, autoridad y responsabilidad constitucional de nombrar a los integrantes de los poderes públicos. No lo adviertan más, háganlo. Escojan y nombren a venezolanos dignos, como pueden y deben hacerlo. No más largas. Enfrenten a los ilegítimos con la legitimidad del pueblo. Que el país y el mundo observen dos poderes públicos al mismo tiempo, uno dócil y sumiso a la dictadura y otro respaldado por la fuerza del pueblo y la Constitución. ¿Qué harán los gobiernos democráticos, la banca internacional, los organismos multilaterales, la OEA, ONU, CELAC, UNASUR y otros?

No es su competencia convocar elecciones, pero sí exigirlas al juramentar al nuevo e imparcial Poder Electoral. Sólo así recuperaremos la paz, evitaremos más mortandad y una inevitable confrontación o, peor, la guerra. De esa manera, Venezuela retomara la senda de la libertad y la democracia. Se dice fácil, el sistema de libertades no lo es.

En caso de que las autoridades ilegitimas, obstaculicen o desconozcan, dejando sin alternativas, al Poder del pueblo, la Asamblea Nacional está en el deber y la obligación de invocar formalmente el artículo 350 de la Constitución, será su hora.

Proceder sin más dilación, pasan los días en las calles demostrando gallardía, convicción libertaria admirables con demasiados jóvenes asesinados, cientos de heridos y casi miles de apresados arbitrariamente. Cada día es peor, la agresión es inhumana, la proeza heroica.

El único poder público legítimo actual es la Asamblea Nacional, representante directa del poder originario de toda democracia: el pueblo. Llegó el momento de asumir ese compromiso y adeudo, enfrentar la historia con luminiscencia. ¡Es la hora del verdadero poder popular!

@ArmandoMartini

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