La nueva fiscal general, por Carlos Nieto Palma

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Realmente no me encuentro dentro del grupo de admiradores de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, mucho he criticado la gestión de esta señora, quien ejerce esa función desde diciembre de 2007 y le tocara hacerlo hasta diciembre del 2021, ya que fue ratificada en el cargo cuando se venció su primer periodo de 7 años en diciembre del 2014, aún le quedan 4 años como Fiscal General de la República, negar que ha sido cómplice de graves violaciones a los derechos humanos seria mentir.

Tengo que aceptar que desde el pasado mes de abril cuando denuncio que en Venezuela se había roto el hilo constitucional a raíz de las sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, la he comenzado a ver con otros ojos, no de cariño, ni admiración, pero por lo menos como una persona que ha entendido que lo que estaba haciendo no estaba bien y que tenía el deber moral de reivindicarse con los venezolanos y el país.

Y no hay dudas que este reencuentro con Venezuela debe comenzar por cumplir con lo que la Constitución Nacional le encomienda en su artículo 285 cuando dice “1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. 2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. 3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. 4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. 5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones y 6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.

Esto parece que al final lo está entendiendo la Fiscal General y está comenzando a dar señales de querer cumplir con el mandato que le da la Constitución y demás leyes de la Republica, al momento de escribir estas líneas, la Dra. Ortega Díaz recién finalizaba una rueda de prensa donde dijo muchas cosas que los venezolanos aspirábamos a escuchar desde hace tiempo, y donde denuncio graves violaciones a los derechos humanos, la Fiscal, al fin decidió ponerse del lado correcto de la historia y dejar a la dictadura que acompañaba, por fuera.

En esta rueda de prensa algo complicada, porque se fue la luz en su despacho y tuvo que mudar de sitio el lugar donde dirigirse a los medios, entre otras cosas dio algunos datos importantes difíciles de encontrar en estos días, donde las cifras brillan por su ausencia, informo que hay: 55 muertos por protestas desde abril a la fecha según los datos que ellos manejan, 52 civiles y 3 funcionarios policiales; 1.000 Personas lesionadas, 771 son civiles y 229 efectivos de seguridad del Estado; 346 son los bienes quemados o saqueados en el marco de las protestas; 1.479 investigaciones cursan en su despacho por hechos de violencia, 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad; 16 órdenes de captura por delitos comunes ha emitido ese despacho; 7 Investigaciones se siguen por justicia militar y por ello su despacho pidió la declinatoria de competencia en dos casos; 19 Funcionarios están presuntamente vinculados con violación a los derechos fundamentales; 16 Investigaciones se siguen contra grupos civiles armados (Colectivos); 500 lesionados producto de uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad; 90 personas han sido lesionadas por cuerpos de seguridad del Estado.

Datos muy lejanos de los que el dictador y su camarilla pretenden hacerles creer al mundo y dando evidencias claras de la responsabilidad del Estado en todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas que se iniciaron en el mes de abril y que ya casi llega a sesenta (60) días con la gente en la calle protestando y brutalmente reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado.

Con relación a la muerte del joven Juan Pernalete, estudiante de economía de la Universidad Metropolitana, de 20 años que fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira el pasado 26 de abril dijo “La presencia de residuos en la franela y los análisis pertinentes han demostrado que fue por impacto de bomba lacrimógena, sabemos de qué grupo salió la bomba, pero no la persona, fue disparado por la GNB, el disparar estos objeto a  la persona está prohibido, exhorto a las autoridades de mando de las fuerzas del orden público a hacer seguimiento a los funcionarios que están encargados del orden público”. Esta afirmación de la Fiscal General desmiente a Ernesto Villegas, Ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, Ministro de Interior y Justicia, quienes aseguraron que a Pernalete habría sido asesinado con una pistola de perno. También al diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante. ¿Se retractarán de sus afirmaciones y pedirán disculpas?

También se refirió al uso de la justicia militar para civiles y manifestó su disconformidad, sin duda alguna estamos en presencia de una nueva Fiscal General, que en nada se parece a la que conocíamos, aplaudimos el cambio, en lo personal creo que debe de haber más contundencia en sus acciones, no basta en que lo denuncie sino en que ejerza su autoridad ante los órganos jurisdiccionales que corresponda, por ahora le doy la bienvenida a esta nueva Fiscal General.

@cnietopalma

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