Socialismo sí o sí, por José Toro Hardy

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Llegó el momento de que los venezolanos nos sentemos a recapacitar. Durante mucho tiempo una parte de nuestra dirigencia política nos ha tratado de convencer de las virtudes del socialismo.
Existía en muchos la convicción de que controlando el aparato productivo el Estado estaría en condiciones de extender los beneficios del crecimiento económico a la población.
Lamentablemente el poder ha pervertido las inquietudes sociales de quienes así pensaban. Lo que impera es un mero cálculo político. Las masas sólo se requieren para conservar el poder. Hay que hacer creer a las masas que todo se hace en beneficio de ellas, cuando en realidad las evidencias muestran todo lo contrario. Hoy hay más pobres que nunca (82% de la población según el estudio conjunto de la UCV, la UCAB y la Simón Bolívar) y los pobres son cada vez más pobres (52% de la población en pobreza extrema).
Los viejos socialistas se han transformado en una nueva oligarquía, entendiendo por tal -según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- una “forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario” y, según otra acepción, como “autoridad que ejercen en su provecho un pequeño número de personas”. En eso se ha transformado el régimen imperante, en un “Conjunto de poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio” (Diccionario El Muno).
Pues bien, llegó la hora de hacer un balance. Cabe preguntarse, ¿está hoy mejor el pueblo que antes? La respuesta es un contundente ¡NO!
Siendo ese el caso, ¿por qué vamos a seguir creyendo que el Estado debe poseerlo todo y controlarlo todo? ¿En qué nos beneficia que el Estado sea dueño de infinidad de empresas que sólo producen pérdidas, restándole recursos a la educación, la salud o la seguridad? ¿En qué beneficia al país que unos cuantos corruptos se arropen con la bandera del socialismo sólo para enriquecerse ellos mismos de manera brutal?
Lo que realmente importa es que la economía se desarrolle y que los beneficios del progreso se extiendan lo más equitativamente posible a la población, mejorando su nivel de vida.
Lo primero se logra a través de un Estado promotor. Un Estado que estimule las inversiones y fomente las actividades y la productividad de forma de que la economía crezca y produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, impulsando una abundancia que abarate los precios. Un Estado en el que se respete la propiedad privada, los DDHH, que haya seguridad jurídica y que la justicia sea igual para todos. Un Estado capaz de crear las condiciones para que con su esfuerzo todos puedan participar del progreso.
La distribución equitativa se logra a través de políticas educativas que permitan a la población la mejor capacitación posible para así poder alcanzar mayores niveles de remuneración y participar en mayor grado tanto en la creación como en el disfrute de la riqueza. Resultan indispensables también políticas públicas que promuevan la salud, porque la promoción del bienestar social requiere que se le facilite a la población el acceso a una salud asequible y garantizada para todos.
Las políticas públicas vinculadas a una mejor distribución de la renta y a la seguridad social, tales como lo son las políticas fiscales y laborales modernas,  tienen que formar parte indisoluble del progreso de una nación, tal como la seguridad de los ciudadanos y los bienes tiene que ser garantizada por el Estado, junto con la prestación eficiente de los servicios públicos que se requieren.
En la Venezuela de hoy el Estado no está cumpliendo con ninguna de las funciones anteriores. En cambio, ha destruido el aparato productivo, ha expropiado millones de hectáreas del sector agrícola que antes eran productivas y ahora no, se ha adueñado de infinidad de empresas agro industriales y de todo tipo que ya no producen, ha introducido toda suerte de controles y regulaciones que asfixian todas las iniciativas, ha empobrecido brutalmente al país y lo ha endeudado. Un Estado que todo lo nacionaliza para dañarlo y que ha envilecido la moneda. Que ha degradado la salud y la educación. Que ha desatado una escasez perniciosa. Que nos ha hundido en una crisis humanitaria sin precedentes. Que ha destruido a PDVSA y a las demás empresas básicas y las ha transformado en una inmensa fábrica de inflación al financiar sus déficits vía BCV.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Cabe preguntarse, ¿tiene el Estado el derecho soberano de hundir al pueblo en la pobreza en nombre de un socialismo que fue expresamente rechazado en Referendo en el 2007 y que no contempla la Constitución?
@josetorohardy
petoha@gmail.com

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