Usurpación y militarización, por Jesús M. Casal

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Era previsible. Una supuesta Constituyente, convocada sin pueblo y contra el pueblo, solo podía impulsarse con represión y militarización. La usurpación de la soberanía popular y del poder constituyente del pueblo no es conva­li­da­ble o subsanable sino que conduce irremi­si­ble­mente a la nulidad en lo jurídico y a acciones crecientemente autoritarias en lo político. Las últimas medidas anunciadas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el vicepresi­den­te Ejecutivo de la República en relación con la elección de los miembros de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente lo confirman, pues van orientadas a la proliferación de zonas de seguridad y de las prohibiciones asociadas a la correspondiente declaratoria a lo largo del territorio y del mapa electoral nacional. De esta forma, la Constituyente busca viabilidad mer­ced a la creación de islas inmunes a la partici­pa­ción y protesta ciudadanas, gobernadas militar­men­te y resistentes gracias al uso de las armas a los reclamos del pueblo que fue excluido al mo­mento de decidir sobre la convocatoria y bases de la Constituyente.

El Consejo Nacional Electoral afirma que am­pa­ra­rá a toda costa el derecho de los electores a expresarse en los respectivos comicios, des­pués de haber pisoteado olímpicamente su de­re­cho a pronunciarse soberanamente sobre la Cons­tituyente. Así, pues, la usurpación en el punto de partida está desembocando en un pro­ceso cada vez más antidemocrático.

El mismo organismo que bloqueó sistemá­ti­ca­mente el referendo revocatorio y las elecciones de Gobernadores, y que mintió al decir, que durante la renovación de nómina de los parti­dos ese proceso electoral legalmente no podía ser convocado y organizado, se rasga ahora las ves­tiduras ante las exigencias de una ciuda­danía que solo aspira a que se le reconozca su condición de tal y a que los funcionarios actúen como servidores públicos y no como dueños del poder.

En pocas palabras, el triunvirato ejecutivo-electoral-judicial que ha impuesto la Constitu­yen­te quiere avanzar contra viento y marea, esto es, contra la voluntad popular mayoritaria, a fin de instalar un cuerpo espurio que se arro­ga­rá poderes ilimitados por tiempo indefinido. Y dicho triunvirato muestra indignación cuando la invocada superioridad del Estado y de las órdenes de los respectivos órganos es puesta en entredicho por todos los que luchan cívi­ca­mente para detener el fraude seudo-cons­ti­tu­yen­te. Al obrar así se olvida que el poder de man­do o coacción (potestas) carece de funda­men­tación y legitimidad si prescinde del nece­sa­rio sustento ético-jurídico y político (aucto­ritas).

De allí que el sedicente “proceso constituyen­te” haya sido remolcado desde el 1 de mayo de 2017 por medio de mayor represión, del uso extendido de la jurisdicción militar contra civi­les, de la agigantada propaganda oficial y de con­ti­nuas trasmisiones radiales y televisivas obli­gatorias, y de un tratamiento del conflicto polí­tico cada vez más dominado por la pers­pec­ti­va de la seguridad de la nación. La reciente reunión del Consejo de Defensa de la Nación, como espacio escogido para determinar las acciones recomendables a fin de garantizar la celebración de las elecciones del 30 de julio, y el anuncio de la creación de una justicia de emergencia contra conspiradores, terminan de perfilar nítidamente la embestida contra los dere­chos ciudadanos. La presidenta del Conse­jo Nacional Electoral ha llegado al extremo de comunicar la reubicación de centros electorales situados en zonas violentas, concepto en el cual comprende indiscriminadamente localidades en las que se han realizado protestas en ejer­ci­cio de un derecho constitucional, y ha ame­na­zado con cerrar definitivamente algunos centros.

El régimen huye aceleradamente de la sobe­ra­nía popular y se atrinchera en las posiciones de poder ocupadas, tras los muros de la fuerza y de las armas, así como de los tribunales militares o de excepción. También detrás de los pretextos con los que pretende eludir su res­pon­sabilidad ante el caos social y económico, y de los espejismos de solución que fragua con su engañosa oferta constituyente. Vivimos tiem­pos difíciles, que exigen la más firme determinación en la defensa de la Constitución y de la República y la más acendrada convicción de que hay que recorrer la tierra quemada -a manos de quienes subordinan el país a su interés en perpetuarse- con la mirada y el alma enfocadas en el futuro democrático común. Es preciso congregar voluntades y talentos para un combate que ha de librarse simultánea y coor­dinadamente en varios flancos: la mani­fes­ta­ción pacífica, las formas activas de resis­ten­cia, la discusión sobre el diseño programático de un próximo gobierno integrador, el frente internacional y la búsqueda de una salida negociada.

jesusmariacasal@gmail.com

 

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